Con el paso del tiempo, se va diluyendo la acción de ATILRA sobre SanCor, aún cuando a través de declaraciones, amenazas y victimizaciones absurdas, el gremio intenta mantener vivo el conflicto y trata que no se perciba la destrucción del inmenso poder que alguna vez tuvo. Las denuncias que realizaron SanCor y empleados demuestran la actitud agresiva del gremio.
Uno a uno, los conductores del gremio recibieron golpes contra sus aspiraciones de quedarse con los activos de la cooperativa. El primero fue la conciliación obligatoria que se dictó a horas de la Navidad pasada. Luego, que se fueran constatando todas las tropelías que sus fanáticos seguidores cometían contra sus propios afiliados, en el afán desmedido por conseguir sus objetivos. Los bloqueos al ingreso de materia prima a las plantas y a la salida de camiones con productos terminados, el incumplimiento de la conciliación obligatoria en algunos lugares, las agresiones al personal que quería trabajar, la aparición negativa en medios de prensa.
A esto se sumó el descarte de 100.000 litros de leche sin procesar cuando el conflicto se iniciaba, allá por octubre de 2023, y luego, de 3.000 litros de leche chocolatada que estaba siendo elaborada, a fin de enero de 2024. Y no se puede olvidar la denuncia mediática que realizó un empleado de la planta de Devoto.
Las denuncias presentadas por SanCor
Desde oscuros comunicados, ATILRA señala presuntas denuncias hechas por los afiliados contra la empresa, pero no se conocen y en consecuencia, no avanzan. La única que se conoció fue la desestimada por la justicia santafesina.
Las que sí avanzan y ahora detallamos luego de investigar sólo un poco, son las denuncias que SanCor realizó contra el sindicato y sus activistas. En cada una de ellas, se exhibe sin pudor una rutinaria práctica de abusos sobre las personas y los bienes de la empresa. Leer las expresiones de los denunciantes hace imaginar de inmediato el infierno por el que pasaron (y todavía pasan), aunque ahora las agresiones se limitan por la presencia policial dentro de la planta de Sunchales. De cada ocasión señalamos a quienes hostigaron, porque toman dimensión pública a partir de las denuncias y son objeto de investigaciones judiciales.
Hechos denunciados ocurridos en 2023
El 24 de noviembre de 2023, siete delegados sometieron a un empleado no sindicalizado de la administración central, en Sunchales, a un apriete y amenazas para asistir a la asamblea que estaban realizando. Eso constituye un claro impedimento para el desarrollo voluntario de tareas. El hecho fue denunciado por el propio empleado internamente y las autoridades de la empresa hicieron lo propio ante la Fiscalía. La persona que figura denunciada en este hecho es Cristian M., acompañado de 6 empleados más.
El 20 de diciembre de 2023, a través de una acta confeccionada por un escribano, se constató el bloqueo para que dos camiones cargaran productos terminados, en Devoto. Los cuatro activistas, todos de la comisión directiva de la seccional local, manifestaron claramente que habían recibido «directivas del Secretariado Nacional del gremio para impedir el ingreso«. Eso es bloquear instalaciones, impedir el funcionamiento de la empresa y vulnerar la voluntad de los trabajadores por desarrollar sus tareas. Las personas identificadas en este acta son: Germán B., Lucas R., Sonia S. y Damián P.
El 29 de diciembre de 2023, inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Nación constataron y labraron un acta. En ella se certifica que trabajadores de la planta industrial de SanCor ubicada en Balnearia seguían realizando asambleas, paralizando la labor. Eso estaba expresamente prohibido, ya que días antes el ministerio de Capital Humano de la Nación había dictado la conciliación obligatoria. Constituye un incumplimiento grave.
La intervención de la Nación y de la provincia de Santa Fe
La conciliación obligatoria se dictó el viernes 22 de diciembre en horas de la tarde, y tuvo vigencia a partir del martes 26 de diciembre. Tras su vencimiento, hubo una extensión del período, nuevamente a instancias de las autoridades del ministerio de Capital Humano de la Nación.
El martes 26 de diciembre, visitó Sunchales el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roald Báscolo, para verificar personalmente la situación. También visitó Sunchales y Gálvez el 26 de enero, oportunidad en la que dialogó con los trabajadores que tenían la voluntad de seguir haciéndolo.
La gente tiene la voluntad de trabajar
Tras el período de conciliación obligatoria, muchos trabajadores decidieron seguir desarrollando sus tareas, pese a los desesperados intentos de la conducción sindical. Pasa que los empleados pudieron constatar que la empresa estaba cumpliendo el compromiso asumido en cuanto a los pagos, de manera constante. Eso hizo que se continuara la labor en las plantas de Devoto, Balnearia, La Carlota y Gálvez. Cada vez más, los empleados desoían a los delegados y a la conducción nacional del gremio, que cada vez estaba más aislada. Solamente en Sunchales un grupo muy virulento siguió impidiendo el trabajo, aplicando una violencia inexplicable.
Muchos fueron los empleados que, cansados del hostigamiento, efectuaron denuncias directas al número 134. Es una línea dispuesta por el gobierno nacional para informar sobre presiones indebidas por parte de organizaciones piqueteras o sindicales. También hubo una desafiliación masiva de empleados al gremio, lo cual en muchas oportunidades fue limitado por amenazas de retirar los beneficios de la obra social.
Para impedir el trabajo, se apagó la caldera que abastece de vapor y aire comprimido a todo el complejo industrial de Sunchales. También se coartó la posibilidad de trabajar de las personas que deseaban hacerlo.
Las denuncias de 2024
Los días jueves 1, viernes 2 y lunes 5 de febrero, los sindicalistas entorpecieron los trabajos de descarga de materia prima en el sector de Recepción de leche. El jueves 1, durante el turno de la noche, entre amenazas de un grupo que llegó a ser de 7 gremialistas, se trató de impedir la descarga de un camión con materia prima procedente de los tambos. Al retirarse del lugar, uno de ellos le dijo a los trabajadores que : «mañana podemos venir a cagarlos a piñas».
Al día siguiente, el viernes 2 por la tarde, se impidió la descarga de un camión mediante amenazas e intimidaciones a los trabajadores que querían desarrollar la labor. Entre quienes fueron identificados ese día, fueron denunciados: Gustavo Oscar B., Sebastián Alejandro S., Gustavo Hernán R., Hernán Claudio B., Favio Gilberto J., Emanuel Alejandro C., Jonatan Pedro H., Rubén Darío L., Cristian Alberto M., Luis Daniel P., Daniel Oscar R., Hugo Alberto W., Alejandro Antonio G., Cristian L., Oscar Albino T., Silvio Néstor C.,, Claudio Daniel G. y Pablo Oscar M. Varios de ellos son integrantes de la Comisión directiva de ATILRA Seccional Sunchales, otros son representantes gremiales.
Crónica de una pesadilla
Fue el lunes 5 de febrero el día más intenso. Al intentar descargar 3 camiones de materia prima, y ante el temor del personal encargado rutinariamente de la tarea, un grupo de empleados no sindicalizados, algunos de ellos personal jerárquico de la empresa, se dispusieron a desarrollar la tarea.
Previo a la descarga, un numeroso número de gremialistas presionó e intimidó a los trabajadores. La presencia temporal de personal del ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe hizo que declararan que permitirían la descarga, pero al irse las autoridades, redoblaron su esfuerzo por impedir el trabajo. Rodearon el primer camión, y con cánticos y luego con hechos muy agresivos, impidieron la descarga y obligaron a los trabajadores a resguardar su integridad física en una oficina.
Finalmente, después de varias horas, permitieron que se realizara la descarga de los camiones. En esta oportunidad, la identificación que se rescata de la denuncia corresponde a Gustavo Oscar B., Gustavo C., Carlos G., Emanuel C., Sebastián Alejandro S., Gustavo Hernán R., Hernán Claudio B., Luciano G., Sonia D., Tamara G., Favio Gilberto J., Emanuel Alejandro C., Cristian Alberto M., Luis Daniel P., Daniel Oscar R., Hugo Alberto W., Cristian L., Claudio Daniel G., Alberto F., Edgardo A., Iván L., Hernán N. y varios más. Varios de ellos son integrantes de la Comisión directiva de ATILRA Seccional Sunchales, otros son representantes gremiales.
La toma de la guardia principal de Sunchales
El lunes 5 de febrero, además, un grupo bien identificado de dirigentes sindicales tomó a primera hora el control de la guardia principal de la Casa Central y planta industrial Sunchales- Desplazó al personal que allí prestaba servicios. A partir de ese momento hostigaron a los trabajadores que llegaban a cumplir con su jornada en dependencias administrativas, productivas y de servicios. Al buscar las llaves de cada oficina, eran obligados -entre amenazas, insultos y burlas- a revolver en un basurero hasta identificar la que les correspondía. Las personas identificadas en la denuncia son: Gustavo Oscar B., Sebastián Alejandro S., Gustavo Hernán R., Daniel Oscar R., Hernán Claudio B., Lucas Martín T., Edgardo Gabriel A. Todos son representantes gremiales.
El 9 de febrero, tras lograr el ingreso de materia prima a la planta, se comenzó a elaborar leche en polvo. Cuando se estaba terminando de procesar, un grupo de al menos cinco dirigentes irrumpió en el sector productivo e impidió que se realizaran las tareas de limpieza del equipo deshidratador y de todas las maquinarias que complementan la labor. Eso genera potenciales contaminaciones que implican un riesgo sanitario y costos adicionales para el posterior acondicionamiento. En esa oportunidad, las personas identificadas y que constan en la denuncia son: Gustavo Oscar B., Sebastián Alejandro S., Gustavo Hernán R., Hernán Claudio B., Favio Gilberto J. Todos son representantes gremiales.
La visita de diputados nacionales
Ese mismo día, visitaron la planta de Sunchales tres diputados nacionales por la provincia de Santa Fe. Eran Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Gabriel Chumpitaz, quienes pudieron dialogar en forma directa con los empleados que estaban procesando y vieron impedida su labor. También pudieron constatar personalmente la virulencia de las acciones gremiales y la actitud hostil que exhibían los activistas.
Riesgos, ¿sabotajes? y presencia policial
Toda la situación derivó en una decisión que ya resultaba impostergable: el pedido de asistencia al gobierno de Santa Fe, en principio a través de la vigilancia con móviles en los accesos a la planta de Sunchales. Luego, la serie de incidentes ya relatados y muchos que no fueron denunciados (o que no conocemos), se agravaron con otras acciones que dan lugar a sospechas fundadas de la posibilidad de sabotajes.
Estos «hechos», que estarían siendo investigados, comprenden desde el retiro de elementos de seguridad en maquinarias diversas para impedir su funcionamiento, el apagado de calderas y, de una gravedad inusitada: la acción directa sobre los compresores de amoníaco (un elemento fundamental en procesos industriales para la refrigeración). Se trata de un producto que en condiciones normales no representa mayor riesgo para nadie, pero que descontrolado o, peor aún, utilizado de manera irresponsable o dolosa, es capaz de generar un daño enorme para la integridad y la salud de personas, de bienes y del ambiente.
La policía dentro de la planta Sunchales
Esa situación condujo a que se convocara la presencia policial directa dentro de la planta industrial, que se limitase la circulación de personas y de vehículos en áreas restringidas al personal autorizado, considerando «falta grave» el incumplimiento a tales disposiciones.
La reacción sindical fue patética: invocaron dislates tales como la referencia a la dictadura, represión o abusos patronales. Lejos de todo eso, la decisión tanto de la empresa como del gobierno de la provincia de Santa Fe fue preservar la integridad de las personas y la libertad de trabajo, la posibilidad de que la empresa desarrolle su labor productiva y logística y que se protejan los bienes y los productos elaborados por la empresa.
No tomar esas precauciones frente a una escalada de los activistas gremiales sería irresponsable, más aún tomando en cuenta todo lo que aquí se relata. Peor aún, ¿Qué podría pasar si los gremialistas decidieran «intervenir» sobre los productos y de esa manera se pudiera afectar la salud de los consumidores? ¿Pueden esas cosas ser libradas al azar? La respuesta es, definitivamente, NO.
Cómo sigue todo
Más allá de varias publicaciones emitidas por el sindicato, en algunas de las cuales directamente se afirma que buscan provocar la quiebra de la empresa, en las distintas plantas de la cooperativa se sigue produciendo.
Es que la gran mayoría de los empleados volvieron al trabajo, luego de comprobar que estaban siendo usados por la dirigencia sindical para otros objetivos que lejos están de ser los de la protección de los trabajadores. Lisa y llanamente, se estaría promoviendo el desbaratamiento de la actividad empresarial. Y esa es una figura legal que podría ser utilizada, con serias consecuencias sobre el gremio y, especialmente, sus autoridades y seguidores más cercanos.
Una acción que debería ser investigada en la misma línea, son los aportes de dinero que el gremio entregó, con resultado muy limitado en sus efectos, para incentivar que los afiliados no se presenten a trabajar. Además, no está claro el origen del dinero y la forma en la cual se distribuyó, que muchos atribuyen a financistas o empresarios rosarinos, generalmente en efectivo.
Todos los mencionados en las denuncias serán seguramente indagados, y si la Justicia determina responsabilidades, pueden sufrir consecuencias personales por su accionar. En este sentido, llama la atención de muchas personas que los reiterados y confusos comunicados de ATILRA son invariablemente firmados por el «Cuerpo de delegados». Omiten sistemáticamente la mención del Secretario General del gremio, quien astutamente se mantiene a un lado, eludiendo la incumbencia directa que le cabe. Pero todos señalan, también, que es el verdadero impulsor y «beneficiario» de las acciones desarrolladas.
