Varios hechos se verificaron durante la semana pasada. Todos son síntomas y señales que emergen desde distintos ámbitos pero con una sola dirección: el inexorable derrumbe de las aspiraciones de una dirigencia sindical que ya no conduce, que perdió la iniciativa, el control de la agenda y la autoridad frente a sus propios afiliados.

Conflictos por todas partes, contratiempos asegurados

Son varios los frentes abiertos por el gremio, algunos desde hace bastante tiempo y que, por no poder resolverlos a tiempo, ahora se le vuelven en contra. En un rápido repaso (y seguro con omisiones): Lácteos Mayol, Lácteos Vidal, La Lácteo, SanCor, y sigue…

La novedad de estos días es que finalmente, en la causa por el bloqueo de la empresa Lácteos Vidal, ocurrido en agosto de 2022, fueron imputados Héctor Sánchez (secretario de la Seccional de ATILRA en CABA) y Rafael Ale (empleado y delegado sindical en la empresa). Constituye todo un hito en la asignación de responsabilidades ante abusos sindicales, entre otros, los de bloquear e impedir el funcionamiento empresario, así como la de interferir con la voluntad de trabajar de los empleados. Queda claro que todos esas conductas constituyen delitos que pueden recibir sanción penal.

En el siguiente video, la muestra de los hechos que se atribuyen, entre otros y con el cual muchos de nuestros lectores pueden sentirse identificados:

Dime con quien andas y te diré quién eres

Una noticia que surgió también en los últimos días afecta indirectamente a ATILRA. En el marco de una causa que involucra a un financista rosarino (Trini, del Grupo Carey), a Marcelo Tinelli, a la mutual «29 de Noviembre» y a Gustavo Scaglione.

Según un artículo del portal lapoliticaonline y de información que también compartió la agencia Noticias Argentinas (NA) a través de una nota que titula «Explosiva denuncia….», se da cuenta de una oscura trama que abarcaría turbias maniobras financieras, lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas en la ciudad de Rosario, evasión y otros potenciales incumplimientos con la ley. Todo ello quedó bajo la investigación que lleva adelante el Juez Ariel Lijo.

La cuestión aquí es que Gustavo Scaglione es la cabeza del «grupo empresario» que muchos señalan que actuaría en connivencia con ATILRA, con la pretensión de quedarse con SanCor, forzando su quiebra. Ese grupo se completa con Leandro Salvatierra, Diego Feser (ambos titulares de FIDULAC S.A.) y Jorge Estévez. También, según nos indican, sería la fuente de recursos económicos que ATILRA le viene entregando de manera muy poco transparente a sus afiliados más cercanos.

Dicho en pocas palabras, ATILRA les pagaría a los empleados de SanCor para que paren y así fuercen la quiebra de la empresa. Esa sería -en caso de comprobarse- una acción penalmente punible, según pudimos consultar con abogados.

Cómo sigue el conflicto con SanCor

Después del vencimiento del período de conciliación obligatoria, ATILRA rechazó todo diálogo y el viernes 26 relanzó su plan de lucha para bloquear la actividad empresarial. Lo hizo a través de la promesa de entregar dinero a quienes adhirieran a las medidas de fuerza, mensajes intimidatorios y acciones directas sobre los empleados que querían asistir a sus puestos de trabajo.

Y la estrategia no le funcionó.

En La Carlota, en Devoto y en Gálvez, con distinto grado de acatamiento, las actividades productivas siguieron la marcha de acuerdo a los planes de trabajo de la empresa. Solamente en Sunchales lo lograron totalmente, bajo medidas de coerción que incluyeron aprietes para que las personas se retiraran de sus puestos y el apagado de las calderas, cortando el indispensable suministro de vapor y de aire para el normal funcionamiento de las máquinas.

Para contrarrestar la baja o nula adhesión en las otras plantas, buena parte de la directiva de ATILRA se trasladó a cada uno de esos lugares para hablar con los empleados. Allí, manifestaron que los directivos de la cooperativa estaban divididos, que ya no quedaba resto para que la empresa continuara y que tenían todo listo para desembarcar con una «nueva empresa». Como esos argumentos no alcanzaban, les dijeron a los empleados que aquellos que no se plegaban a las medidas de fuerza serían despedidos y no formarían parte de la supuesta «nueva empresa», y que tampoco podrían acceder a las prestaciones más avanzadas de la obra social.

Y la nueva estrategia tampoco funcionó.

La respuesta

Lo cierto es que a SanCor le bastó solo una comunicación interna para desbaratar tanto esfuerzo por parte del gremio. El viernes 2 envió una breve nota a todos sus empleados, firmada por cada uno de los consejeros y el gerente general. Además de una muestra cabal de cohesión y determinación por parte de la directiva de la Cooperativa, en la misiva se señala el cumplimiento estricto del cronograma de pagos prometido y la decisión de perseverar en la protección de los puestos de trabajo. Por supuesto, los de aquellos que trabajan…

Para colmo de males para ATILRA, el gremio no cumplió con la promesa de pago para quienes adhirieran a las medidas. En el caso de los adherentes de Gálvez, nos reenviaron este mensaje recibido por parte de sus referentes gremiales:

«informamos que la ayuda economica del gremio se entregara el lunes 5 a partir de las 9 hs debido a un retraso en la transferencia y por cuestiones bancarias no se puede retirar el dinero hoy.» (sic)

Claro, sucede que no se puede exhibir de dónde llega el dinero, ni tampoco que hay una compensación económica por obstruir la actividad empresarial, porque de lo contrario, no habría impedimento para realizar transferencias bancarias. Todos los involucrados tienen cuentas en las que reciben -en situaciones normales- sus salarios.

Queda en evidencia que tienen problemas para conseguir dinero. En realidad, puede que sus «financistas» tengan otras preocupaciones de las cuales hacerse cargo y no puedan abastecerlos como habían previsto.

La rebelión de los mansos

Hace unos años se editó un libro bajo este título (La Rebelión de los Mansos – Rogelio Lopez Guillermain). Es una novela que describe cómo, ante el incesante avance sobre la libertad de acción de los individuos, la afectación de sus derechos personales y de su privacidad, se genera una reacción de defensa, pacífica pero irrebatible.

Las coincidencias de esto con lo que sucede en el caso de las imposiciones de ATILRA sobre los afiliados es notable.

Sometidos desde hace más de 20 años a un trato crecientemente despótico y violento por parte de las autoridades sindicales, los afiliados empezaron a retirar su apoyo a quienes ejercen la conducción. Cansados de tanto atropello, de no poder ejercer su derecho a pensar, a opinar libremente y sin temor, a no poder trabajar si así lo desean, comenzaron a alejarse.

Al principio, sólo algunos se animaron, pero creciente e inexorablemente, otros se sumaron a la rebelión. A algunos sólo les bastó con presentarse a trabajar. Otros, se animaron a juntarse y a exigir explicaciones a los delegados y a rechazar las exigencias. Y muchos fueron los que se animaron a denunciar, ya sea a través de la línea 134 o a través de presentaciones penales, en las cuales detallan los abusos padecidos.

Así es que cada día que pasa, la conducción sindical se encuentra cada vez más aislada, alejada de los intereses de quienes debe representar. Como expresara una vez una pensadora liberal, Ayn Rand: “Puedes evadir la realidad, pero no puedes evadir las consecuencias de evadir la realidad”.

El derrumbe: qué pasará de acá en adelante

Hay una verdad incontrastable: los afiliados de ATILRA ya no confían en sus dirigentes. Por otra parte, hay una corriente de cambio en la visión de las autoridades laborales de las provincias y del país. Pruebas a la vista: un posteo del ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Roald Báscolo, donde expresa claramente que la empresa fue «…forzada a suspender su actividad…» y se manifiesta por «…las puertas abiertas y el personal trabajando».

Lo cierto es que Ponce y sus seguidores se encuentran cada vez más limitados, porque sus maniobras quedan expuestas casi instantáneamente y porque ya nadie confía en su visión, en sus promesas y en su forma de actuar.

Internamente, las divisiones con las seccionales del país son cada vez más evidentes. La oposición a Ponce se limita a esperar que cometa un error que lo haga caer o bien a que llegue el momento de las nuevas elecciones, confiados en la pérdida total de representatividad.

Además, en el caso del conflicto con SanCor, los afiliados ya no siguen las directivas de los secretarios de las diferentes seccionales y, mucho menos, de los delegados internos. Cada vez con más frecuencia se ven manifestaciones en distintas redes sociales que rechazan la forma de actuar de los sindicalistas. A su vez, las denuncias penales realizadas los afectarán a todos ellos, porque inexorablemente deberán enfrentar las acusaciones que la justicia, cada vez más en libertad para proceder, les realizará. Deberán rendir cuentas, y en caso de ser considerados culpables, podrían perder sus trabajos.

En realidad, queda saber si reaccionarán a tiempo para desescalar el conflicto, dejando que todo comience a fluir sin nuevos incidentes, o redoblarán la apuesta, en un tozudo a «todo o nada» que tiene un único desenlace previsible: el derrumbe inevitable.