La “denuncia rural” se instala como eje de gestión entre el Ministerio Público bonaerense y CARBAP, tras la firma de un Convenio Marco que busca mejorar la articulación institucional, agilizar el acceso a la justicia y reforzar la seguridad en el campo. La medida fue anunciada durante una conferencia en Bahía Blanca con autoridades judiciales y rurales.

Un acuerdo para enfrentar el delito rural

El pasado 2 de octubre, en la sede de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca (AGA), se llevó a cabo una conferencia y firma de convenio que marca un paso significativo en la lucha contra el delito rural. Participaron del acto el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand; el Dr. Juan Pablo Fernández, Fiscal de Cámara de Bahía Blanca; el Dr. Santo Rosatti, Prosecretario de CARBAP; y el Sr. Mariano D’Amore, Presidente de la AGA, junto a delegados de sociedades rurales pertenecientes a la Zona VII de CARBAP.

Durante la jornada, el Procurador General destacó el rol del Ministerio Público en la defensa de los intereses de la sociedad rural, y subrayó la disponibilidad de herramientas tecnológicas para facilitar la denuncia rural. En un escenario de creciente preocupación por los delitos contra la propiedad agropecuaria, la articulación entre justicia y organizaciones del agro cobra centralidad.

Un convenio con impacto territorial

El Convenio Marco de Colaboración suscripto entre el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), establece las bases para el trabajo conjunto en materia de seguridad rural. La iniciativa permitirá fortalecer los canales de comunicación entre los productores y la justicia, fomentar la utilización de tecnologías para realizar denuncias y acercar las fiscalías al territorio.

Aunque CARBAP tiene presencia en ambas provincias, la jurisdicción del acuerdo corresponde específicamente a la Provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio Público. La firma se realizó con la expectativa de que esta herramienta mejore los índices de esclarecimiento de delitos como el abigeato, las faenas clandestinas, los robos de maquinaria y los daños a la infraestructura rural.

La importancia de la denuncia rural

Uno de los principales objetivos del convenio es fomentar la cultura de la denuncia entre los productores. Según datos relevados por CARBAP, una gran cantidad de delitos rurales no se denuncia formalmente, lo que impide la investigación, sanción y prevención. El convenio propone incentivar el uso de medios digitales, fotos georreferenciadas y mecanismos de denuncia rápida, incluso en zonas alejadas.

“La denuncia es la mejor manera de enfrentar al delito rural”, afirmó Mariano D’Amore, titular de AGA, quien subrayó la necesidad de trabajar en conjunto con la fiscalía para brindar soluciones concretas a los productores afectados.

Una señal política para el campo

La firma del convenio no solo es un acto institucional, sino también una señal política clara de que la seguridad rural se incorpora a la agenda pública. Al tratarse de un acuerdo entre una organización de base como CARBAP y el órgano superior del Ministerio Público, se abre una etapa de mayor diálogo entre el sector agropecuario y la justicia.

Este enfoque integral puede derivar en futuras políticas de prevención, mejoras en los sistemas de patrullaje rural y una mejor coordinación con las fuerzas policiales y judiciales. Asimismo, la experiencia podrá servir de modelo para su réplica en otras regiones del país.