Aunque bajaron las retenciones, el Índice FADA revela que los impuestos aún representan más del 56% de la renta agrícola, evidenciando una alta presión fiscal sobre los productores. La mejora en precios y menor carga tributaria anticipan una mejor campaña para 2026, aunque persisten grandes desafíos.
La presión fiscal sigue siendo el eje del debate
Alta presión fiscal es la expresión que define con claridad el panorama actual del sector agroindustrial argentino. El reciente Índice FADA, publicado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, muestra una leve mejora respecto a la medición anterior (60,9%), ubicándose en 56,3%. Si bien esta caída refleja un avance, la carga impositiva sigue siendo considerable: más de la mitad de la renta generada por una hectárea agrícola se destina a pagar impuestos.
Según Antonella Semadeni, economista de FADA, la baja de los Derechos de Exportación (DEX) permite que “la rueda de la economía comience a destrabarse”, pero advierte que la presión sigue siendo alta. Por su parte, Fiorella Savarino aclara que el índice considera no solo los tributos nacionales, sino también los provinciales y municipales, completando así una visión integral del peso fiscal.
¿Qué se espera para la campaña 2025/26?
El panorama para 2026 es optimista en términos productivos: se espera un aumento del 18% en la producción total de los cuatro principales cultivos, con el maíz creciendo un 16%, el trigo un 38% y el girasol un 23%. Solo la soja tendría una leve caída del 2%. Este escenario está sostenido por mejores precios internacionales y mayor eficiencia gracias a condiciones climáticas más favorables.
A pesar del contexto alentador, la alta presión fiscal podría seguir afectando la rentabilidad del productor. Las nuevas alícuotas muestran un alivio: soja bajó al 24%, maíz al 8,5%, trigo al 7,5% y girasol al 4,5%. Sin embargo, la carga sigue representando una barrera para una expansión sostenida.
Realidades provinciales: disparidad impositiva
El informe también expone diferencias marcadas entre provincias. Mientras el promedio nacional se ubica en 56,3%, provincias como Entre Ríos superan el 60%, mientras que San Luis desciende al 51,4%. Esta variabilidad responde tanto a los impuestos provinciales como a costos estructurales y rendimiento por hectárea.
Algunas jurisdicciones, como Córdoba y Santa Fe, eximen del impuesto sobre los ingresos brutos, mientras que otras lo aplican con distintas alícuotas. Las cargas locales, como tasas municipales, guías cerealeras o impuestos similares a aduanas internas, también incrementan la presión fiscal.
¿Puede bajar más la presión impositiva?
Aunque se dieron pasos en la dirección correcta con la reducción de las retenciones, la alta presión fiscal sigue siendo una traba estructural para el agro. La expectativa está puesta en que futuras reformas impositivas logren un sistema más equitativo, eficiente y predecible, que incentive la inversión, el empleo y el crecimiento.
Para alcanzar una competitividad sostenida, el sector necesita políticas fiscales que acompañen el esfuerzo productivo y no lo castiguen con una carga desproporcionada.
