No hubo acuerdo entre las partes durante el período originalmente determinado por el ministerio de Capital Humano. Ante el fracaso de la audiencia realizada el martes 16 de enero, se extiende el plazo de conciliación por cinco días más.
Fue una audiencia en la cual ATILRA mantuvo su inflexible negativa a alcanzar un acuerdo con SanCor. Apeló, de manera predecible, a invalidar lo determinado por las autoridades nacionales en materia laboral y a desacreditar todas y cada una de las posiciones dialoguistas y propuestas de solución que se le ofrecieron. Así, el ministerio de Capital Humano estableció una prórroga de cinco días y convocó a una nueva audiencia para el próximo 23 de enero.
La conciliación, incumplimiento gremial y rechazo judicial a ATILRA
Durante los días transcurridos desde el dictamen original que estableció la conciliación, en vísperas de la última Navidad, se fueron restableciendo las operaciones industriales, logísticas y comerciales habituales en la cooperativa. No obstante, las autoridades laborales pudieron constatar que algunos empleados, afines a la directiva sindical, incumplieron con el mandato que establecía la resolución ministerial y, si bien se hicieron presentes en los lugares de trabajo, no desarrollaron tareas. Adujeron, en algún caso, la realización de asambleas que tuvieron como único propósito interferir con los procesos normales de la labor que deben desempeñar. Así lo acreditan algunas constancias a las que tuvimos acceso, como aconteció en el Centro de Distribución Buenos Aires Norte y en la planta industrial ubicada en Balnearia, que acá exhibimos:
Además, ya durante la Feria judicial que se establece normalmente en este período del año, ATILRA realizó una presentación judicial en la cual solicitaba, en los hechos, una verdadera intervención de las actividades empresariales. Los argumentos fueron rechazados uno por uno, de manera precisa y contundente, por el Juez de Primera Instancia Laboral Primera Nominación de Rafaela, Lucas Marín, quien además, dudó sobre la legitimidad de la acción emprendida por el sindicato.
Contando pérdidas y cumpliendo a la palabra
También trascendió la pérdida que registró la empresa durante el período transcurrido desde que comenzaron las medidas de fuerza, el 17 de octubre de 2023, hasta que se determinó la conciliación obligatoria y se volvió al trabajo. Fueron más de $4.500 millones que dejaron de ingresar a la empresa en concepto de pérdidas por la falta de elaboración y venta de productos.
No obstante, SanCor cumplió puntualmente el compromiso asumido en las audiencias realizadas, y efectuó los pagos correspondientes a las dos semanas de labor efectivas, siempre aplicando el precepto «el que trabaja, cobra».
Los motivos ocultos de la movida gremial
A esta altura de las cosas, ya a nadie escapa que la arremetida sindical no es sólo una cuestión de reconocimiento salarial. Por el contrario, es cada vez más evidente que hay otras intenciones que los impulsa a una serie de acciones tan destructiva como la que quedó expuesta a la vista de todos.
Expresado por los mismos sindicalistas en distintas formas y oportunidades, su propósito real es hacerse de los bienes de la empresa haciéndola quebrar. Lo que tampoco resulta extraño es que abiertamente se habla de un grupo que financia la iniciativa, como sucedió con los llamativos «aportes solidarios» del gremio a los empleados más fieles (sí, solo a algunos afiliados, no a todos). Ese dinero, entregado en billetes contantes y sonantes (crujientes, dirían algunos), no puede ser explicado en cuanto a su origen o procedencia.
También, abiertamente, la dirigencia sindical pregona que tiene todo preparado para hacerse cargo de la empresa. Sería bueno que cuenten públicamente de qué se trata. Vendría bien que además se explayen sobre por qué avalaban (o avalan, en tiempo presente, porque el plan sigue en pie), que 1000 empleados quedaran en la calle si sus empresarios amigos arribaban a la dirección de la empresa.
Ya tenemos claros indicios sobre el «grupo» que empuja todo esto. Y también hay sospechas fundadas sobre las promesas que se habrían hecho al gremio, o mejor dicho, a cierto encumbrado dirigente sindical, sobre la ocupación de una importante posición en un hipotético «nuevo directorio».
Condena social, conductas reprochables y responsabilidades
Más allá de todo esto, es creciente e indisimulable el malestar entre los empleados por todo lo desarrollado por ATILRA. Y eso se extiende rápidamente en las comunidades en las cuales están ubicadas las plantas industriales. Cada vez más ciudadanos, familiares de los trabajadores y empresarios locales están alertas y rechazan, con razones más que valederas, la pretensión del «vamos por todo» sindical. Y, según sabemos, están dispuestos a hacerse escuchar.
Tal vez, la evidencia de lo que sucede en otras lácteas, termine por convencer a propios y extraños sobre las aviesas intenciones y el proceder más que reprochable del gremio lechero. A la lista que ya integran conflictos de larga data, como es el caso de Lácteos Vidal, de Lácteos Mayol y de SanCor, se agregó hace pocos días la empresa regional cordobesa La Lácteo.
Siempre se aplica el proceder del reclamo con la paralización total de actividades, las amenazas, la violencia verbal y/o física y otros de similar impacto. Y acompañando, la victimización y la descalificación de los empresarios. Actúan como si desconocieran que el sector lácteo argentino atraviesa una de sus instancias más difíciles, tras décadas de gobiernos que aplicaron políticas y medidas económicas que fueron minando la capacidad de desarrollar la actividad de una manera competitiva y global.
