La nueva propuesta de la Comisión Europea para aplicar salvaguardias agrícolas contradice compromisos claves del acuerdo UE-Mercosur y pone en jaque las oportunidades para la agroindustria del Mercosur.

Una medida que contraviene el espíritu del acuerdo

El reciente proyecto de reglamento 2025/0322 presentado por la Comisión Europea introduce mecanismos unilaterales para aplicar salvaguardias agrícolas sobre productos clave del comercio con el Mercosur. Esto ocurre a pesar de que el acuerdo de asociación, firmado en diciembre de 2024, establece reglas claras en su capítulo 9 sobre cómo aplicar este tipo de medidas, siempre bajo lineamientos de la OMC.

Lo preocupante es que la propuesta de la UE no solo introduce criterios arbitrarios, sino que reduce los tiempos de análisis y aplica un listado de productos “sensibles” que incluye carnes, lácteos, etanol, maíz, arroz y biodiesel, entre otros. Estos productos representan una parte significativa del intercambio acordado entre bloques.

¿En qué consiste la cláusula de salvaguarda?

Las salvaguardias agrícolas son medidas de protección comercial que permiten subir aranceles o suspender preferencias si se detecta un daño grave a una industria local. Sin embargo, el acuerdo UE-Mercosur había dejado expresamente fuera la posibilidad de usar la Salvaguardia Agrícola Especial (SGE), precisamente para evitar trabas unilaterales al comercio agroalimentario.

Este nuevo reglamento contradice ese espíritu. Establece que si el volumen de importaciones desde el Mercosur sube un 10% interanual y sus precios bajan otro 10% respecto a los europeos, se puede iniciar una investigación de daño grave. También habilita a hacerlo solo por baja de precios, algo que no contempla la OMC como criterio suficiente.

Impacto potencial y arbitrariedad

Aunque las cuotas de importación negociadas representan apenas el 1,5% de la producción de carne europea y menos del 1,4% del consumo de arroz, la UE pretende aplicar salvaguardias de forma anticipada y con listas arbitrarias. A su vez, se reserva el derecho de modificar la lista de productos “sensibles” sin consultas previas.

Esto vulnera la confianza construida durante más de 20 años de negociaciones. Según estudios de la propia Comisión Europea, el comercio agroalimentario entre ambos bloques podría crecer en más de 3.000 millones de euros hacia 2040. La imposición de trabas burocráticas y proteccionistas va en contra de ese potencial de desarrollo.

Fuente: esta nota se elaboró sobre la base del artículo de Guido D’Angelo y Patricia Bergero para la Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI) – BCR Mercados.