El Decreto 273/2025 elimina el CIBU y facilita el ingreso de maquinaria usada, pero preocupa su impacto en la industria nacional y el mercado de canje de equipos.

Una medida que abre puertas… ¿y cierra otras?

La reciente decisión del Gobierno Nacional de habilitar la importación de maquinaria de segunda mano sin necesidad del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) —mediante el Decreto 273/2025— es celebrada por algunos sectores como un avance hacia la agilidad productiva. Sin embargo, otros actores de la cadena agroindustrial y metalmecánica manifiestan su preocupación por las consecuencias estructurales que esta medida podría generar.

Desde el oficialismo se sostiene que esta flexibilización facilitará la incorporación de tecnología a costos más accesibles, beneficiando especialmente a sectores como la minería, el petróleo o la producción agrícola intensiva. Pero ¿qué impacto tendrá esta decisión sobre la producción nacional de maquinaria y sobre el sistema de canje que sustenta gran parte del mercado interno de maquinaria nueva?

Riesgos para la industria nacional y el canje de maquinaria usada

El ingreso irrestricto de maquinaria usada puede generar una desventaja competitiva para los fabricantes locales, que enfrentan altos costos de producción y cargas impositivas. El sector industrial advierte que la medida podría profundizar la sustitución de maquinaria nacional por equipos importados de segunda mano, generando pérdida de empleo y caída en la producción interna.

Otro punto crítico es el sistema de canje de maquinaria usada por unidades nuevas, una práctica extendida en el agro argentino. Muchos concesionarios aceptan maquinaria usada como parte de pago para facilitar la adquisición de equipos 0 km. Si los usuarios optan ahora por importar maquinaria usada más barata desde el exterior, podría quebrarse este circuito virtuoso de renovación tecnológica local.

¿Un equilibrio posible?

Especialistas en política industrial sugieren que la apertura a la importación de maquinaria ya amortizada podría haberse implementado con criterios más selectivos: establecer límites de antigüedad, requisitos técnicos o incluso condicionar el ingreso a sectores donde no exista oferta local competitiva.

Sin estos filtros, el Decreto 273/2025 podría funcionar como un boomerang: promover un alivio inicial para algunos productores, pero a costa de debilitar el ecosistema productivo nacional, especialmente en provincias con fuerte presencia de pymes fabricantes de maquinaria agrícola.