La expresión “delito rural” se convierte en el eje de una agenda común entre San Luis, Mendoza y San Juan. Las ministras de Seguridad y autoridades técnicas se reunieron en Mendoza para reforzar el control fronterizo, unificar criterios y combatir el abigeato y la comercialización ilegal de carne.

Un acuerdo estratégico frente al delito rural

En un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el campo, las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan avanzan en la consolidación de un Plan Regional de Seguridad Rural. El encuentro tuvo lugar en la Casa de Gobierno de Mendoza y contó con la participación de las ministras de Seguridad de las tres provincias: Nancy Sosa (San Luis), Mercedes Rus (Mendoza) y Sandra Chamorro (San Juan), además del ministro de Producción mendocino, Rodolfo Vargas Arizu.

La reunión dio continuidad a lo firmado previamente por los gobernadores, en el marco de un Plan Integral que busca articular políticas comunes frente a problemáticas transversales. El objetivo principal fue intercambiar información crítica, establecer criterios unificados de control en las zonas limítrofes y trazar una hoja de ruta para prevenir y sancionar delitos rurales.

“El delito rural ha mutado. Ya no hablamos solo del robo en los campos, sino también de su distribución organizada por canales digitales”, advirtió la ministra Sosa.

Nuevas modalidades del delito rural y respuestas coordinadas

Uno de los temas que generó mayor preocupación entre los participantes fue la evolución del delito rural, especialmente el abigeato y la venta clandestina de carne. Lejos de tratarse de hechos aislados, las investigaciones revelan que se trata de estructuras delictivas organizadas, con roles definidos y operaciones que hoy se canalizan incluso por redes sociales.

Ante este escenario, se definió la necesidad urgente de compartir bases de datos, protocolos de actuación y estrategias tecnológicas entre las provincias. Participaron jefes de policías rurales, técnicos fitosanitarios, representantes de áreas ganaderas y autoridades de caminos, como los comisarios generales Pablo Vieytes y David Sosa por parte de San Luis.

“Para que los controles sean eficaces, debemos trabajar desde nuestras leyes vigentes y establecer un sistema de alertas y coordinación rápida entre fuerzas provinciales”, sostuvo Rus.

Hacia un modelo de seguridad rural regional

Además del abordaje inmediato del delito rural, se proyecta la creación de un protocolo común que articule prevención, fiscalización y judicialización. Esto incluirá controles móviles conjuntos en rutas, análisis de denuncias cruzadas y el monitoreo de ventas en canales digitales sospechosos.

Uno de los logros del encuentro fue el consenso sobre la necesidad de institucionalizar este espacio de diálogo regional. Se programaron futuras reuniones técnicas con el objetivo de monitorear los avances, actualizar los datos sobre delitos rurales y compartir buenas prácticas.

Chamorro, por su parte, destacó que “la articulación interprovincial es clave para abordar un problema que no respeta límites geográficos y que impacta directamente en la producción y la seguridad de nuestras comunidades rurales”.