Sumándose a varias expresiones que se vienen realizando en este sentido, FARER y CARSFE expresan su rechazo a la trazabilidad individual obligatoria. Se trata de una iniciativa que se propugna desde el Estado nacional, pero que no acredita real necesidad y que genera costos adicionales a la producción. Falta transparencia, y eso es lo que reclaman las instituciones del agro.
El rechazo a la trazabilidad individual obligatoria
En consonancia con la postura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), donde están representados productores de todo el país y de las diversas escalas productivas, tanto la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) como la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) manifestaron un categórico rechazo al nuevo sistema de trazabilidad individual de carácter obligatorio que se pretende imponer desde el gobierno nacional.
«Este paso que se intenta dar no conlleva mejora alguna sobre el actual sistema de trazabilidad que ya se aplica en la Argentina y no existen datos objetivos que indiquen que esta nueva modalidad sea exigida por mercados internacionales, como así tampoco que sea un agregado de valor a las reses que lo incorporen», indicaron desde FARER
El comunicado enfatiza: «De este modo, esta medida sólo agrega un nuevo costo y una «complejización» al manejo de los rodeos, siendo un golpe muy fuerte a la rentabilidad de los pequeños y medianos productores. Sin duda, esta medida no encuentra en el horizonte beneficios ni para los productores ni para el Estado argentino por lo que carece de sustento.»
Por su parte, desde CARSFE señalaron: «Consideramos que no todos los productores están preparados para afrontar esta nueva medida, debido a que aumenta los costos de manera innecesaria, en especial para aquellos que producen sólo para el mercado interno».
El ideal político y la realidad
Con distintas palabras, ambas instituciones ruralistas señalaron la inconsistencia de esta medida con los ideales que se manifiestan desde el gobierno nacional con las acciones que promueve. CARSFE indicó: «Entendiendo que la nueva gestión gubernamental propone abrazar a las ideas de la libertad para poder avanzar, es contradictorio “imponer” esta disposición. Por ende, sugerimos que la misma se inicie de manera voluntaria y se postergue la obligatoriedad». Por su parte, FARER fijó su postura expresando: «Precisamente, y antes de pensar en mecanismos de incorporación de tecnología, se debieran solucionar con anterioridad problemas macroeconómicos como la presión impositiva y la unificación del tipo de cambio, medidas que sí coadyuvarán a que los productores la incorporen sin necesidad de una imposición.
En ese marco, afirmamos que la trazabilidad electrónica individual debe seguir siendo voluntaria, al tiempo que instamos a las autoridades pertinentes a que revisen esta decisión controversial y arbitraria.»
