El Gobierno nacional oficializó la emergencia agropecuaria en múltiples zonas de Buenos Aires, tras los impactos de severas inundaciones que afectan la producción.
Emergencia agropecuaria: medidas urgentes ante un fenómeno crítico
El 20 de noviembre, la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA) recomendó declarar la emergencia agropecuaria para varias regiones bonaerenses afectadas por inundaciones persistentes. El ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó la decisión a través de la Resolución 1974/2025, en el marco de la Ley N° 26.509.
La medida se basa en un análisis técnico exhaustivo sobre las consecuencias del fenómeno climático. En la reunión de la CNEyDA participaron organismos clave como el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, Banco Nación, Ministerio del Interior, ARCA y entidades agropecuarias como CRA, FAA, SRA y CONINAGRO, entre otros.
Zonas afectadas: un mapa creciente de preocupación
La emergencia abarca diversos partidos de la provincia, con una vigencia entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026. Se convalidaron los decretos provinciales N° 2.779 y N° 2.780, que incluyen:
- Veinticinco de Mayo
- Saladillo
- Bragado
- Lincoln
- General Belgrano
- Azul
- Pila
- Bolívar
Las inundaciones que afectan a estas áreas han generado graves perjuicios en los sistemas productivos locales, comprometiendo la continuidad operativa de muchas explotaciones.
Alcances y desafíos de la medida
La declaración de emergencia agropecuaria permite a los productores acceder a beneficios fiscales, prórrogas impositivas y asistencia crediticia. No obstante, referentes del sector plantean la necesidad de soluciones estructurales que reduzcan la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos.
El contexto exige repensar las políticas de prevención climática rural y fortalecer la infraestructura hídrica en las zonas productivas más expuestas. La crisis evidencia, una vez más, la urgencia de una agenda sostenible en el ámbito agropecuario.
Reacciones y próximos pasos
Las entidades agropecuarias reconocen la utilidad de la declaración, pero insisten en acelerar los procesos administrativos para garantizar una respuesta efectiva. También se solicita la participación de los gobiernos locales y provinciales en la implementación de medidas específicas según el tipo de producción afectada.
En paralelo, el INTA y otros organismos técnicos trabajan en la elaboración de informes de impacto para evaluar daños en cultivos, rodeos y estructuras productivas.
