La provincia de Córdoba aprobó una ley clave para modernizar la gestión colaborativa de caminos rurales no pavimentados, fortaleciendo la articulación público-privada en beneficio del sector agropecuario.
Una transformación largamente esperada
Con amplia participación y consenso, la Legislatura de Córdoba sancionó la ley que crea el Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados. Esta normativa reemplaza a la antigua Ley N° 6.233 y propone una visión moderna de la gestión colaborativa del mantenimiento vial rural.
El nuevo marco legal apunta a conservar, proteger y mejorar la red secundaria y terciaria del territorio provincial. En palabras del ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, se trata de una política pública construida “con diálogo, respeto y visión de futuro”. El funcionario remarcó que “lo más importante es tener buenos caminos”, aludiendo al impacto que tienen en el desarrollo agropecuario, turístico, industrial y social.
Participación activa del sector agropecuario
El proyecto fue elaborado por el Ejecutivo provincial, en respuesta a una solicitud histórica de los Consorcios Camineros y las entidades de la Comisión de Enlace. La propuesta tuvo el respaldo técnico y político de legisladores de diversos bloques, asesores jurídicos y representantes del sector.
Juan José Fabri, presidente de la Asociación de Consorcios Camineros, junto a líderes de las 19 regionales, acompañaron la aprobación de la ley, evidenciando el protagonismo que tendrá el modelo de gestión colaborativa en el futuro de la infraestructura rural.
Este esquema reconoce el papel de las organizaciones rurales en la implementación de obras, planificación y ejecución, validando un sistema donde el Estado y el sector agropecuario trabajan como socios estratégicos.
Financiación y estructura del nuevo sistema
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Bioagroindustria, en coordinación con diversos consorcios camineros, incluyendo al Consorcio Caminero Único y los Consorcios de Gestión de Caminos y Suelos. Este entramado institucional será el encargado de llevar adelante los planes de conservación y mejora de los caminos.
El financiamiento se articulará a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), alimentado por el 98% del Impuesto Inmobiliario Rural, además de ingresos por obras, donaciones, subsidios y multas. Esta estructura asegura recursos sostenibles para mantener la red vial y promover la inversión.
El modelo financiero replicará la experiencia del Consorcio Caminero Único, ya vigente en otras regiones de la provincia. Se fortalece así la autonomía operativa y la planificación territorial.
Proyección y alcance territorial
Uno de los ejes centrales de la ley es la elaboración de planes estratégicos para la mejora de caminos no pavimentados. Estos planes contemplan las necesidades regionales, promoviendo obras eficientes que potencien la logística, reduzcan tiempos de traslado y mejoren la calidad de vida rural.
La gestión colaborativa no solo garantiza mejores caminos, sino que también consolida la participación ciudadana y el sentido de pertenencia de los productores con su entorno. La nueva ley, al descentralizar la toma de decisiones, fortalece las economías locales e impulsa un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible.
