Días atrás, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa emitió un informe sobre tasas municipales. En él, hacía consideraciones sobre el peso de los tributos que afectan a la producción agropecuaria. Tras las repercusiones y distintas controversias surgidas al respecto, ahora aclara cuál fue el espíritu del comunicado, que resume un extenso trabajo de relevamiento y análisis.
El alcance del informe sobre tasas municipales
La institución gremialista comienza diciendo: «El informe de CARBAP titulado “El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria” tiene como único objetivo reflejar el importe que deben abonar los productores según la boleta que emiten los municipios de la provincia de Buenos Aires.
No tiene como objeto analizar eficiencia de uso de recursos, inversiones realizadas ni transparencia de los gastos de cada municipio. No se realiza en él tampoco ninguna evaluación sobre la calidad del servicio prestado, ni sobre la adecuación del monto cobrado. Tampoco se contemplan posibles descuentos para contribuyentes sin deuda o pago anticipado, beneficios disponibles en varios municipios.»
La controversia con el Intendente de Chivilcoy: «ratificamos la veracidad de los datos».
En el mismo comunicado, CARBAP señala que: «En los últimos días trascendieron por distintos medios periodísticos acusaciones infundadas de parte del intendente de Chivilcoy referidas a datos contenidos en el informe. Desde CARBAP ratificamos la veracidad de los datos expuestos.»
Como demostración de sus afirmaciones con datos reales y concretos, la institución rural aporta lo siguiente:
«A modo de respaldo, adjuntamos dos boletas de la «Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial», donde se detallan los montos a abonar:
• Boleta 1: correspondiente a una parcela de 69 hectáreas, con un valor total de $99.600. Esto equivale a $1.443,47 por hectárea por mes, resultando en un monto anual de $17.321 por hectárea.
• Boleta 2: correspondiente a una parcela de 108 hectáreas, con un valor total de $149.700, lo que representa un costo anual de $16.663 por hectárea.
Además, las nuevas boletas, correspondientes a las cuotas 4, 5 y 6, han llegado con una actualización de valores, lo que eleva el costo anualizado a más de $19.000 por hectárea.
Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y la precisión en la información con el objetivo de reflejar de manera fiel el impacto económico de estas tasas sobre los productores agropecuarios.»
Las declaraciones del Intendente de Chivilcoy
El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, tras la difusión del informe sobre tasas municipales, había salido al cruce cuestionando la veracidad de las afirmaciones allí incluidas. Lo hizo a través del medio Agrobonaerense, en una nota que él mismo reposteó en la red social X. Allí tildó de erróneos los datos que se consignan sobre el distrito que encabeza y deriva la responsabilidad del hecho mencionando directamente al actual presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky. Lejos de amilanarse, ahora la institución respalda con documentación sus afirmaciones.
Los reclamos del campo ante los avances de la política
Estas situaciones de queja del sector agropecuaria ante la creciente presión impositiva de municipalidades y comunas no es nueva.
Lo novedoso es que se están formalizando, a través de declaraciones, la emisión de comunicados respaldados en datos concretos y análisis, como es este caso, o bien, con reclamos judiciales impulsados -y ganados- por los propios productores.
No se trata sólo de los importes a pagar a de nuevas tasas y contribuciones que apelan a una desmedida «creatividad» de las autoridades. Es que además, esas gabelas no tienen una devolución en mejores condiciones para la vida en el medio rural o para asegurar las posibilidades productivas. Muy por el contrario, se dirigen a dar respuesta a las necesidades de los propios políticos, con absoluta displicencia y desapego por la imprescindible transparencia en la gestión de la cosa pública.
En estos días, también trascendió el pedido de la circunscripción santafesina de la Sociedad Rural Argentina, conocida como Distrito 6. Allí, se pide información a los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, sobre el destino de los aportes de los contribuyentes.
Otro tanto sucedió con las exorbitantes tasas que impuso la municipalidad de Victoria, tildadas además como ilegales por los productores, a quienes movilicen hacienda con la zona de islas circundante, en el sur de la provincia de Entre Ríos, tal como fuera señalado por los ruralistas de FARER.
